Resumen: La Sala aprecia falta de legitimación activa por lo ostentarla la persona física o jurídica que pretenda recurrir actuando como mero defensor de la legalidad, sin justificar la existencia de relación o vinculación entre el objeto del proceso y su esfera de intereses. La Sala no reconoce legitimación activa a las ONGS «Access Info Europe» y «Andalucía Acoge» y el particular recurrente. Y ello por cuanto los fines estatutarios de dichas entidades no les confieren un interés legítimo, que pueda identificarse como un interés propio específico en la impugnación del Acuerdo sobre el Fondo de Contingencia con base en su falta de ajuste a la legalidad presupuestaria. No se advierte la concurrencia de un interés legítimo y específico a que se declare que el Fondo de Contingencia efectivamente resultaba contrario a las exigencias de la Ley General de Presupuestos. La anulación del Fondo no implicaría por sí un beneficio para la ONG «Acces Europe Info» pues sus fines estatutarios se refieren en esencia al logro de una mayor transparencia, interés genérico que no guarda relación directa y singular con el Acuerdo impugnado. Tampoco cabe apreciar un interés legítimo en la entidad «Andalucía Acoge», al no presentar una relación directa el acuerdo impugnado con la defensa de los derechos humanos que constituye el objeto de la Asociación. Es cierto que se hace referencia al uso del fondo para fines distintos, pero es una mera hipótesis que no permite integrar un interés legítimo.
Resumen: La sentencia acuerda: 1º) En cuanto a la guarda y custodia de los menores hijos, reconoce las habilidades y dedicación de ambos progenitores para hacerse cargo de ellos pero, sin embargo, que procede mantener la custodia en base a los mismos argumentos recogidos en la sentencia recurrida, pues los menores asisten en la actualidad a un centro educativo situado a 50 km de distancia del domicilio paterno y no es de recibo en una situación normal que tengan que hacer diariamente 100 km para asistir a la escuela, y aun cuando podrían cambiar de centro escolar, esto sería alejarlos del lugar donde se va a desarrollar el espacio social de cada uno de los menores; 2º) En cuanto a la devolución de los menores el lunes a la entrada del colegio, tal argumentación lo cierto es que debe de ceder ante el inconveniente que supone la distancia entre el centro escolar y el domicilio paterno que provocaría hacer madrugar mucho a los menores para cumplir así el régimen de visitas, y 3º) Por último, procede modificar el importe de la pensión alimenticia recogida en la sentencia recurrida, ya que aunque las tablas publicadas por el CGPJ darían un resultado algo inferior a 500 euros, consta como la apelada en la actualidad ha sido despedida y no realiza trabajo remunerado por lo que procedería dejar el importe de la pensión en 500 euros/mes, pero la pandemia provocada por la COVID-19, al causar el desempleo del apelante, determina que la pensión lo sea de 350 euros hasta 2 meses a concluir ERTE.
Resumen: Formulada demanda en la que se ejercitan acciones acumuladas negatoria de servidumbre y daños, con la pretensión de condena a los demandados al derribo de obra consistente en la construcción de una nueva planta, reposición de la finca de su propiedad al estado anterior y la reparación de los daños causados, la sentencia de primer grado desestima la demanda por prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual, al entender que el daño por el que se reclama es permanente. La sentencia de apelación, que la revoca, considera que los daños, que provienen de filtraciones, son continuados por agravarse con el paso del tiempo hasta la subsanación de los defectos que los causan, por lo que la acción no esta prescrita; que no consta acreditado que la finca de los demandados estuviese gravada con una servidumbre de luces y vistas en favor de la finca de la actora, por lo que podían construir una nueva planta, sin limitación en cuanto a las luces y vistas; que la nueva de construcción debe examinarse desde la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual como posible causa de los daños y que el ajuste de la construcción a la normativa urbanística no impide examinar la cuestión en el ámbito de la responsabilidad civil y concluye que las prueba acreditan la relación causal entre el daño y la acción negligente atribuida a los demandados consistente en la construcción de una terraza sobre zona antes tejada que afecta a elementos constructivos de la actora
